La corte de apelaciones de Miami dio la razón al Gobierno mexicano en la demanda civil contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, y sus socios, por lavado de fondos “robados”.
La demanda fue interpuesta en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México ante los tribunales del condado de Miami-Dade. En ella, se acusa a García Luna de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados” por unos 700 millones de dólares.
Además de García Luna, la demanda señala a Linda Pereyra, esposa de García Luna, así como a la familia de empresarios Weinerg, aunque éstos últimos apelaron, señalando que este caso debía juzgarse en Miami.
El 1 de noviembre pasado, el caso quedó en pausa, a la espera de que se determinara si procedía o no dicha impugnación.
No obstante, un juez de Miami y la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida han indicado que tiene razón el Gobierno mexicano, por lo que el proceso puede continuar y, de ser necesario, llegar a juicio.
La demanda civil forma parte del juicio penal por el que el ex secretario de Seguridad fue declarado culpable, en febrero pasado, de cinco delitos relacionados con el tráfico de drogas y por mentir a la autoridad migratoria.
También se señala a Pereyra como “participante principal” de una “compleja” red que usó empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Además se incluye a seis socios de García Luna como presuntos lavadores del dinero robado:
Mauricio Samuel Weinberg López
Silvia Donna Pinto de Weinberg
Jonhathan Alexis Weinber Pinto
Natan Wancier Taub
José Francisco Niembro González
Martha Virginia Nieto de Niembro
El entramado de García Luna
La demanda acusa a García Luna de haber orquestado una trama para “robar” fondos del gobierno de México por medio de “contrataciones ilícitas” y luego “blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares” con la ayuda de sus socios, dedicados principalmente a la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
La demanda indica que, mientras estuvo en su cargo e incluso después de dejarlo, García Luna contó con una “extensa red de socios” a través de la que obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano “por cientos de millones de dólares”.
También se indica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según la escala establecida por la justicia, aunque el Gobierno de México reclama que se trata de 700 millones.
El documento judicial menciona que García Luna fungía como el “arquitecto principal”, encargado de coordinar y autorizar “los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas”, aprovechando el “soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción”.
La acusación menciona que Pereyra sería la encargada de las operaciones diarias de la gestión del dinero que “sabía que le había sido robado al gobierno de México, por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”.
A decir de la UIF, tanto García Luna como sus cómplices “ocultaron los fondos robados” y obstaculizaron la recuperación de los mismos, al lavar el producto mediante transferencias internacionales a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.
Según la demanda, el entramado habría usado al menos 30 empresas para el lavado de dinero, comprando 30 propiedades inmobiliarias, así como “múltiples automóviles y embarcaciones y sustánciales activos bancarios y de otro tipo ubicados en Florida”.
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