Por: Marivilia Carrasco.
En agosto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de Ley al Senado de la República donde se proponen cambios constitucionales que, de aprobarse, acabaría con la soberanía energética del país. La iniciativa de Ley del Ejecutivo, originalmente anunciada ante foros internacionales en vez de nacionales, está muy lejos de reflejar el verdadero interés de la Nación y de la población, pero, en cambio sí refleja el propósito largamente codiciado por el poder energético-financiero angloamericano; a saber, entrar en el terreno de la exploración, explotación y comercialización del petróleo mexicano, actividades reservadas al Estado por mandato constitucional.
La iniciativa presidencial propone reformar los artículos 27 y 28 constitucionales donde se establece que “corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas…el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos” (art 27) y que “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas” tales como la acuñación de moneda, emisión de billetes por medio de un solo banco, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad entre otros. (art.28)
Con la promesa perenne del discurso neoliberal de que las reformas ayudarán a modernizar a las paraestatales PEMEX y Comisión Federal de Electricidad (CFE), dichas reformas se orientan a formar asociaciones de utilidad compartida con los tiburones petroleros transnacionales en áreas actualmente restringidas al control y dirección del Estado.
Información difundida por el analista Alfredo Jalife-Rahme, destaca que PEMEX sea “una de las empresas petroleras más rentables” del mundo cuando se recurre a la medición EBITDA (por sus siglas en ingles: “ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización”), que ostenta “una buena estructura de costos y eficiencias operativa”. Cuando se mide la “proporción ventas/EBITDA”, Pemex supera a las cuatro anglosajonas (ExxonMobil/Chevron/Shell /BP), a la noruega Statoil y a Petrobras. En tanto el gobierno presenta este tipo de información a sus potenciales socios futuros, su publicidad al interior de México pone el énfasis en que PEMEX “está quebrada” o que “la situación es muy grave, porque pronto seremos importadores de gas” y otras falacias aún más sofisticadas.
Ofende a nuestra cultura de nacionalismo, el haber presentado estas reformas como herederas del espíritu que animó al Gral. Lázaro Cárdenas, bajo cuyo mandato presidencial se efectuó la nacionalización del petróleo mexicano en 1938. La propaganda de que se volverá a la redacción de los artículos constitucionales de su época, no deja de revelar la existencia de una tremenda oposición nacional a todo lo que implique la desnacionalización del petróleo. El hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas inmediatamente ha salido a descalificar el uso perverso del nombre de su padre, que tiende a manipular a la población.
“Resulta falaz y ofensiva la utilización que el gobierno está haciendo de la figura de Lázaro Cárdenas para justificar e impulsar ante el pueblo de México su antipatriótica y entreguista propuesta de reforma energética. La lucha principal de Lázaro Cárdenas fue por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación y su desarrollo independiente. Ese fue el objetivo de fondo de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y de su firme oposición posterior al otorgamiento de contratos de riesgo. La iniciativa oficial va justamente en sentido contrario”, afirmó en un artículo publicado el 16 de agosto en el periódico La Jornada. Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, en Noticias MVS, reiteró que el gobierno, al referirse a las palabras de su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, hizo lo contrario a sus principios, a sus ideas. “Va en contra de la ideología, de la política, todo lo que Lázaro Cárdenas hizo en vida”, afirmó.
Desde que el gobierno de Peña Nieto lanzó su campaña de falacias para conquistar el objetivo de la desnacionalización del petróleo, se comenzó a formar un amplio movimiento nacional suprapartidario contra tal tentativa.
El Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIa) y el Foro de Guadalajara, a la vez que patrocinaron eventos significativos, acaban de publicar un folleto de amplia circulación que advierte que, el petróleo no es una mercancía más, sino “poder político” internacional. De manera que su defensa deberá atender los nuevos parámetros inscritos en la geopolítica del poder anglo-americano cuyo centro es escalar la guerra de recursos contra las naciones que los posean.
También con antelación al reciente anuncio, el Senador Manuel Bartlett desde su militante posición nacionalista en el Senado de la República, ha venido demostrando que “la propuesta de política energética del gobierno ha sido definida según las finalidades e intereses del gobierno estadounidense y de sus corporaciones petroleras.” En un libro publicado en mayo del presente y coordinado por el senador en mención, se documenta no sólo el potencial de desarrollo de PEMEX, si se le libera de la carga abusiva fiscal a la que ha estado sujeta, sino al papel absolutamente estratégico de los recursos petroleros para hacer de México una potencia económica tecnológica industrial por nuestros propios medios.
Bartlett señala que en el libro “se exponen las implicaciones para México ante la eventual aprobación e imposición de los intereses extranjeros sobre los nacionales, para el crecimiento económico, la seguridad energética, la seguridad nacional, el abasto y precio de los energéticos y productos industriales petroquímicos.
“Si estos intereses se imponen a la sociedad mexicana, el Estado-nacional soberano e independiente por el que se ha luchado por más de dos siglos perecerá y la soberanía del pueblo mexicano quedará sometida a poderes externos…Por ello…aplicar la reforma propuesta por el gobierno federal conduce al suicidio histórico de nuestro país. Suicidio que no lo busca ni lo propone el pueblo de México, sino la actual coalición de poder económico y político sustentado en un pacto corporativo transnacional.”
Personalidades nacionalistas como el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el senador Manuel Bartlett –quienes han estado alertando de los sofismas, argucias y tergiversaciones esgrimidas para encubrir el despojo del petróleo y la electricidad a la nación–, entre muchos otros están convocando a magnas movilizaciones populares para detener la reformas, la primera de las cuales será el próximo 8 de septiembre. Y están exigiendo que se lleve a cabo un plebiscito para hacer que la población participe en la decisión de si debe o no hacer una reforma constitucional.
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