Alfredo Jalife: Los siete pecados capitales de la reforma energética Peña/Videgaray/Aspe.

Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

La neoliberal reforma energética de la triada Peña/Videgaray/Aspe comporta graves defectos estructurales que atentan contra la seguridad nacional y socavan la independencia de México, al que pretenden transformar, pero en el peor sentido, al punto de convertirlo en un país irrelevante como vulgar franquicia del irreductible binomio de la controvertida banca anglosajona y sus petroleras depredadoras.

La reforma de marras y amarres financieristas neoliberales es doblemente entreguista y masoquista cuando los mismos Peña y Videgaray fueron a claudicar a las oficinas del rotativo británico The Financial Times: socio del Grupo Pearson que administra conjuntamente a la polémica revista inglesa The Economist, propiedad de los banqueros Rothschild, controladores de la devastadora trasnacional petrolera BP.

El entreguismo neoliberal alcanzó niveles sicalípticos que rebasan lo grotesco cuando dos de los consejeros profesionales (sic) de Pemex –Fluvio Ruiz, impulsado por el sector antinacional del PRD, y Héctor Moreira Rodríguez, del PAN– regalan lo que no les pertenece e intrigan (literal) para dañar los intereses del México eterno: el primero, en flagrante colusión con el neocolonial Wilson Center, y el segundo fue a humillarse a las oficinas de Bloomberg, una vulgar agencia de noticias financieras de Nueva York.

La reforma, que no tiene nada de modernizadora porque regresa a México a la fase porfirista de finales del siglo 19, constituye más bien una contrarreforma: rema a contracorriente histórica cuando los soberanos países productores de hidrocarburos recuperan sus activos nacionales mediante la restatización y/o la renacionalización.

La contrarreforma de la triada neoliberal Peña/Videgaray/Aspe pretende resolver la gravísima crisis del gas (ver Bajo la Lupa, 6/10/13) que aqueja a México mediante su incrustación a la financierista burbuja estadunidense del shale gas (gas esquisto/lutitas).

Dejo para otra ocasión el análisis de la grave crisis del gas, que se cuece sola y que fue acentuada por la neoliberal kakistocracia (el gobierno de los peores) del PRI y el PAN, en colusión con el sector antinacional del PRD.

Hoy los principales turiferarios de la neoliberal contrarreforma energética son los ex directores de Pemex y los ex secretarios de Energía, quienes abogan sin rubor su obscena desmexicanización y propician los siete pecados capitales que padece la entreguista/masoquista contrarreforma:

1. Ausencia de transferencia de tecnología: en ninguna parte aparece el aprendizaje tecnológico del que México se da deliberadamente de baja, a diferencia de China, allá la tecnología se comparte y han creado la Universidad del Petróleo, de donde provienen los principales recursos humanos del Partido Comunista y su gobierno. La claudicante contrarreforma no construye, sino que aniquila los pocos cuadros que quedan.

2. Desprecio al medio ambiente: se gratifica, en particular, a las depredadoras del Golfo de México: BP, Halliburton y Schlumberger, ya no se diga del mundo (v. gr. Chevron y ExxonMobil). No existen resguardos de seguridad contra su consabida devastación ambiental.

3.- Atentado a la seguridad nacional de México: para Estados Unidos los energéticos son la quintaesencia de su seguridad nacional, según su centro estratégico CSIS, mientras el México neoliberal itamita se hace riesgosamente dependiente de EU.

El neoliberalismo financierista local adopta a cambio de nada –en especial, en materia migratoria– la seguridad energética de Norteamérica (¡supersic!) mediante la cual EU controla(ría) los yacimientos y la producción de hidrocarburos de Canadá y México (pero sin mexicanos) para enfrentar su cruda energética.

4. Nulidad geopolítica desde los energéticos del Golfo de México (que desean rebautizar como Golfo de EU) hasta el mar Mediterráneo (sic) de EU (sic): no toma en cuenta el incipiente nuevo orden multipolar y se aferra al caduco orden unipolar financierista. Las relaciones con EU deben ser óptimas e integrales (no parcelares a la conveniencia trituradora de Washington), pero no al grado de desaparecer a la nación mexicana.

5. Deserción de una banca nacional ex profeso que tome en consideración el inextricable binomio finanzas/hidrocarburos. Dada la coyuntura global y las condiciones regionales/locales, no me disgusta el modelo Petrochina que conjuga a su poderosa banca estatal –inexistente en México, al que urge crear su propia banca desmantelada y donde muy bien pudieran participar las empresas privadas mexicanas en colaboración mixta con lo que queda del Estado nacional.

6. Castración financiera neoliberal: la contrarreforma se rinde y se obnubila con las migajas de 10 mil millones de dólares al año de inversión por las trasnacionales anglosajonas y no explora siquiera la capacidad de financiamiento doméstico (reservas del Banco de México por más de 170 mil millones de dólares y potencial de inversión de nuestros fondos de pensiones –ahorros cautivos de los trabajadores mexicanos– que cuentan con más de 125 mil millones de dólares) y/o lanzamiento de ofertas iniciales públicas al estilo Petrobras y hasta la creación de joint ventures con los megabancos (no sólo con los insolventes 13 bancos de Wall Street, sino también con la banca china y/o los globales fondos soberanos de riqueza) para abrir un abanico de opciones favorables de inversión.

7. Carencia de refinerías: México importa insólitamente gasolina de EU por 50 mil millones de dólares al año, lo cual, por pereza mental, o por otro tipo de tratativas bajo la mesa, daña las finanzas de Pemex en forma anómala.

Cito textualmente un artículo de Sylvia Pfeifer de The Financial Times (14/10/13), el rotativo de cabecera de Peña y Videgaray, sobre la relevancia estratégica –término abolido de la financierista teología entreguista-masoquista local– de la refinación: las refinerías son extensamente invisibles para el público en general, pero son activos estratégicos (¡supersic!) nacionales. Toman el petróleo crudo y lo convierten en gasolina, diésel y combustible de aviación que empodera (sic) el sistema mundial de transporte. Constituyen la materia prima del plástico mundial. ¡Nada más! Por lo visto, esto lo ignora la triada Peña/Videgaray/Aspe secuestrada teológicamente en su financierista Lecho de Procusto.

Cabe recordar el desolador aldeanismo con ínfulas globalizantes del fallido Plan Puebla-Panamá de la dupla Fox-Castañeda Gutman que planteaba construir cinco refinerías en Centroamérica y ninguna en México.

Conclusión: en toda estrategia existe la defensa y el ataque y la contrarreforma Peña/Videgaray/Aspe coloca innecesariamente a México a la defensiva.

Peor que sus obscenos siete pecados capitales, la contrarreforma, debido a su deformación teológica financierista carente de visión holística –un genuino síndrome Estocolmo–, es que no colige los alcances estratégicos de los hidrocarburos y claudica absurdamente antes de empezar a jugar –la humillación al Financial Times al estilo Canossa de Enrique (sic) IV– frente al binomio trasnacional de la banca anglosajona y sus petroleras cuando la verdadera carta triunfal está en manos de México. ¡Increíble!

Alfredo Jalife-Rahme

alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalife

Facebook: AlfredoJalife

Mayoría en el Congreso contra la mayoría de la población que se opone a privatizar el patrimonio nacional.

Por: Marivilia Carrasco.

En agosto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de Ley al Senado de la República donde se proponen cambios constitucionales que, de aprobarse, acabaría con la soberanía energética del país. La iniciativa de Ley del Ejecutivo, originalmente anunciada ante foros internacionales en vez de nacionales, está muy lejos de reflejar el verdadero interés de la Nación y de la población, pero, en cambio sí refleja el propósito largamente codiciado por el poder energético-financiero angloamericano; a saber, entrar en el terreno de la exploración, explotación y comercialización del petróleo mexicano, actividades reservadas al Estado por mandato constitucional.

La iniciativa presidencial propone reformar los artículos 27 y 28 constitucionales donde se establece que “corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas…el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos” (art 27) y que “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas” tales como la acuñación de moneda, emisión de billetes por medio de un solo banco, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad entre otros. (art.28)

Con la promesa perenne del discurso neoliberal de que las reformas ayudarán a modernizar a las paraestatales PEMEX y Comisión Federal de Electricidad (CFE), dichas reformas se orientan a formar asociaciones de utilidad compartida con los tiburones petroleros transnacionales en áreas actualmente restringidas al control y dirección del Estado.

Información difundida por el analista Alfredo Jalife-Rahme, destaca que PEMEX sea “una de las empresas petroleras más rentables” del mundo cuando se recurre a la medición EBITDA (por sus siglas en ingles: “ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización”), que ostenta “una buena estructura de costos y eficiencias operativa”. Cuando se mide la “proporción ventas/EBITDA”, Pemex supera a las cuatro anglosajonas (ExxonMobil/Chevron/Shell /BP), a la noruega Statoil y a Petrobras. En tanto el gobierno presenta este tipo de información a sus potenciales socios futuros, su publicidad al interior de México pone el énfasis en que PEMEX “está quebrada” o que “la situación es muy grave, porque pronto seremos importadores de gas” y otras falacias aún más sofisticadas.

Ofende a nuestra cultura de nacionalismo, el haber presentado estas reformas como herederas del espíritu que animó al Gral. Lázaro Cárdenas, bajo cuyo mandato presidencial se efectuó la nacionalización del petróleo mexicano en 1938. La propaganda de que se volverá a la redacción de los artículos constitucionales de su época, no deja de revelar la existencia de una tremenda oposición nacional a todo lo que implique la desnacionalización del petróleo. El hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas inmediatamente ha salido a descalificar el uso perverso del nombre de su padre, que tiende a manipular a la población.

“Resulta falaz y ofensiva la utilización que el gobierno está haciendo de la figura de Lázaro Cárdenas para justificar e impulsar ante el pueblo de México su antipatriótica y entreguista propuesta de reforma energética. La lucha principal de Lázaro Cárdenas fue por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación y su desarrollo independiente. Ese fue el objetivo de fondo de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y de su firme oposición posterior al otorgamiento de contratos de riesgo. La iniciativa oficial va justamente en sentido contrario”, afirmó en un artículo publicado el 16 de agosto en el periódico La Jornada. Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, en Noticias MVS, reiteró que el gobierno, al referirse a las palabras de su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, hizo lo contrario a sus principios, a sus ideas. “Va en contra de la ideología, de la política, todo lo que Lázaro Cárdenas hizo en vida”, afirmó.

Desde que el gobierno de Peña Nieto lanzó su campaña de falacias para conquistar el objetivo de la desnacionalización del petróleo, se comenzó a formar un amplio movimiento nacional suprapartidario contra tal tentativa.

El Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIa) y el Foro de Guadalajara, a la vez que patrocinaron eventos significativos, acaban de publicar un folleto de amplia circulación que advierte que, el petróleo no es una mercancía más, sino “poder político” internacional. De manera que su defensa deberá atender los nuevos parámetros inscritos en la geopolítica del poder anglo-americano cuyo centro es escalar la guerra de recursos contra las naciones que los posean.

También con antelación al reciente anuncio, el Senador Manuel Bartlett desde su militante posición nacionalista en el Senado de la República, ha venido demostrando que “la propuesta de política energética del gobierno ha sido definida según las finalidades e intereses del gobierno estadounidense y de sus corporaciones petroleras.” En un libro publicado en mayo del presente y coordinado por el senador en mención, se documenta no sólo el potencial de desarrollo de PEMEX, si se le libera de la carga abusiva fiscal a la que ha estado sujeta, sino al papel absolutamente estratégico de los recursos petroleros para hacer de México una potencia económica tecnológica industrial por nuestros propios medios.

Bartlett señala que en el libro “se exponen las implicaciones para México ante la eventual aprobación e imposición de los intereses extranjeros sobre los nacionales, para el crecimiento económico, la seguridad energética, la seguridad nacional, el abasto y precio de los energéticos y productos industriales petroquímicos.

“Si estos intereses se imponen a la sociedad mexicana, el Estado-nacional soberano e independiente por el que se ha luchado por más de dos siglos perecerá y la soberanía del pueblo mexicano quedará sometida a poderes externos…Por ello…aplicar la reforma propuesta por el gobierno federal conduce al suicidio histórico de nuestro país. Suicidio que no lo busca ni lo propone el pueblo de México, sino la actual coalición de poder económico y político sustentado en un pacto corporativo transnacional.”

Personalidades nacionalistas como el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el senador Manuel Bartlett –quienes han estado alertando de los sofismas, argucias y tergiversaciones esgrimidas para encubrir el despojo del petróleo y la electricidad a la nación–, entre muchos otros están convocando a magnas movilizaciones populares para detener la reformas, la primera de las cuales será el próximo 8 de septiembre. Y están exigiendo que se lleve a cabo un plebiscito para hacer que la población participe en la decisión de si debe o no hacer una reforma constitucional.